Por Carlos Cadillo Ángeles, Asociado de Miranda & Amado
Cuando las personas pedimos o buscamos justicia, estamos pasando por un conflicto o problema con otras personas, y queremos que se nos dé la razón o se aplique algún castigo a estas últimas. Ante esta situación, solemos acudir al Poder Judicial para que se pronuncie a favor de lo que sostenemos (aunque sepamos que el resultado es incierto, pues cada caso tiene sus propias particularidades y las decisiones judiciales pueden variar entre los jueces y en el tiempo). Sin embargo, ¿es el único sistema de justicia que tenemos? No. El Estado nos ofrece el sistema judicial como vía para obtener dicha justicia, pero olvidamos que también tenemos la posibilidad de conseguirla a través del consenso con otras personas, en cuyo caso el diálogo es fundamental para entender lo que cada uno sostiene y quiere, y si todas o algunas de las partes involucradas están de acuerdo en asumir las responsabilidades u obligaciones que solucionen el conflicto en cuestión.
El 7 de julio de 2018 comenzó la difusión de los denominados “audios de la vergüenza” que involucran a jueces del Poder Judicial y a los miembros del Consejos Nacional de la Magistratura. Previamente, los resultados de las encuestas de opinión realizadas por Ipsos y GfK durante el presente año (ver gráfico) coincidían en que la mayoría de las personas desaprueba la gestión del Poder Judicial, y sólo una minoría la aprueba. Así, antes de los audios, GfK mostró que la mayor desaprobación del año fue de 82% en el mes de febrero, y la aprobación más baja fue durante los meses de febrero y marzo llegando tan solo a un 15%.
Estos resultados revelan que la mayoría de las personas no confía en el Poder Judicial y siente que no obtendrá la justicia que busca; pese a lo cual seguimos llevando nuestros conflictos a esta entidad para que nos dé una solución a lo que pedimos y sostenemos, y dejamos de lado los mecanismos de solución que se basan en la comunicación y el acuerdo entre las personas.
Como era previsbile, las encuestas de julio y agosto de 2018, realizadas luego de la difusión de los mencionados audios, revelan una mayor desaprobación y una menor aprobación del Poder Judicial, llegando a ser de 88% vs. 8% según GfK, y de 84% vs. 10% según Ipsos (ver gráfico).
El 13 de julio de 2018 el Poder Ejecutivo publicó una resolución que creó la “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”. Dentro de los 12 días siguientes, esta Comisión entregó 10 recomendaciones prioritarias enfocadas en la reforma del sistema judicial, es decir, relacionadas con el Poder Judicial; las mismas que fueron incluidas dentro del mensaje a la nación de 28 de julio de 2018 del Presidente Vizcarra.
Frente la coyuntura, la reacción del Presidente fue inmediata y necesaria, y estas medidas son interesantes y esperemos que den resultados favorables. Sin embargo, esto tomará tiempo y más todavía que el Poder Judicial recupere la confianza de la población. Mientras tanto las personas siguen pasando por conflictos y siguen buscando justicia. ¿Qué hacer?
Las personas debemos ser conscientes que tenemos la posibilidad de llegar a soluciones pacíficas mediante el diálogo y el acuerdo -sin contravenir los límites que impone la ley- con las otras partes que estamos en conflicto. Para esto tenemos a nuestra disposición mecanismos como la negociación, la conciliación y la mediación (conocidos también como métodos alternativos de solución de conflictos), a través de los cuales podemos intervenir directamente en el control y la solución del conflicto, sin depender únicamente del sistema judicial.
Estos mecanismos pueden funcionar antes, durante o paralelamente al juicio o proceso judicial, es decir, se presentan como opciones -junto al proceso judicial- que están a disposición de las personas, quienes elegirán la vía más apropiada para la gestión y la solución del conflicto que necesitan atender; siendo lo más adecuado que dicha elección se decida teniendo la información y la asesoría suficiente y adecuada.
Por eso, debemos recuperar la confianza en nuestra capacidad para comunicarnos efectivamente y de lograr consensos -con otras personas- que nos permitan obtener soluciones pácificas y óptimas.
Adicionalmente, en el contexto actual, sería muy importante -y novedoso- para la sociedad peruana que la agenda del Gobierno incluya la difusión de los mecanismos alternativos de conflictos en todos los espacios sociales; se resalten sus ventajas mediante campañas de difusión; se busque el compromiso de las personas y se resalte el rol de los terceros que colaboren en tales mecanismos (conciliador y mediador); se creen guías y programas de capacitación que contribuyan a la mejor aplicación de dichos mecanismos; entre otras medidas relacionadas.
Uno de los 5 ejes del gobierno del Presidente es el desarrollo social y el bienestar de la población, que incluye la calidad de vida, según el mensaje brindado en marzo de 2018 en la ceremonia que asumió la Presidencia de la República. El desarrollo social y la calidad de vida implican una justicia de calidad que no solo involucra al Poder Judicial; por eso, es a través de dicho eje que se pueden encaminar los esfuerzos del gobierno para informar, orientar y capacitar a las personas en los métodos alternativos de solución de conflictos, con el fin de que podamos buscar y obtener la justicia, de forma directa y pacífica, si es que optamos por el diálogo, la buena comunicación y el acuerdo.
