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Sobre INDECOPI , “Hackeos ” y libre competencia

Mario Drago, Asociado de Miranda & Amado Abogados

Hace unos días, la ONG Hiperderecho publicó un artículo (disponible aquí) en el que alertaba sobre la compra de equipos sofisticados que permitirían a la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, extraer información de teléfonos móviles. Esto, dentro del marco de sus investigaciones para la desarticulación y sanción de carteles.

En su publicación, Hiperderecho formuló dos preguntas que contestaré brevemente en las siguientes líneas: “¿Para qué necesita Indecopi un equipo como este? ¿Quién va a fiscalizar que no sea usado de forma indebida?”. La preocupación de Hiperderecho (que quedaría más clara en un segundo artículo, disponible aquí), es el supuesto peligro que existiría detrás de permitir a un ente administrativo contar con un equipo de hackeo, que podría tender a la “ciber militarización de la administración pública”.

La posición de Hiperderecho mereció una respuesta de la Secretaría Técnica (ver aquí), que expuso la pertinencia y necesidad de contar con estos equipos para llevar a cabo sus investigaciones. Como abogado litigante de casos de Libre Competencia, me encuentrto de acuerdo con la posición de la autoridad. Quienes conocemos cómo actúan los agentes en los mercados anticompetitivos, tenemos claro que el equipamiento adquirido por el INDECOPI no solo es útil sino necesario para detectar carteles complejos que afectan a los consumidores. Conducta que, no debemos olvidar, es tan grave que incluso es considerada en otros países como un ilícito penal (en el Perú lo fue hasta hace pocos años). Si la autoridad no cuenta con las herramientas necesarias para combatir este tipo de conductas anticompetitivas, la política nacional de libre competencia verá seriamente limitadas sus posibilidades de éxito.

Entonces, ¿necesita el INDECOPI está herramienta? Sí, y mucho. De hecho, desde hace varios años cuenta con sistemas similares para la extracción de correos electrónicos, iguales a los utilizados por las autoridades europeas y estadounidenses. Estos softwares son los que han permitido desarticular la mayoría de los carteles más importantes en los últimos años.

¿Y debe preocuparnos quién fiscalizará el uso indebido de esta herramienta? Claro que sí, y por ello hay normas y actores que lo vienen logrando con relativo éxito. Primero, la Secretaría Técnica no accede a los equipos electrónicos que contienen información personal sin la autorización del usuario. La autoridad lo sabe y lo respeta. Solo una orden judicial le podría permitir acceder forzosamente a este tipo de información. En doce años viendo temas de Libre Competencia, nunca he sido testigo de una extracción ilegal de información durante las visitas inspectivas por parte de la Secretaría.

Además, el sector privado también ha actuado como un fiscalizador constante. En particular, los abogados especializados en temas de Libre Competencia no solo estamos presentes durante las inspecciones (en las cuales la Secretaría Técnica incluso nos espera antes de iniciar las diligencias), sino que además somos parte de las discusiones públicas que, por ejemplo, evitan cualquier exceso de la administración a nivel normativo.

Entonces, ¿debería haber un protocolo para el manejo y custodia del software? Por supuesto, y esperamos que el INDECOPI emita uno pronto si es que aún no lo ha elaborado. Creo que esto ayudará a que su actuación sea más transparente y se levante cualquier temor de la ciudanía, sin afectar la calidad y eficacia de las investigaciones en materia de Libre Competencia.